Tal como anticipó el presidente Mauricio Macri desde Nueva York, el Gobierno argentino prepara una demanda ante los órganos de litigio de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para rechazar los aranceles que los Estados Unidos impuso al biodiésel nacional que llega al mercado del norte, alegando la presunta concesión de subsidios a la exportación a los productores y dumping.
La medida preliminar, adoptada en agosto, podría reconfirmarse en las próximas horas a través de una resolución del Departamento de Comercio, que conduce el secretario Wilbur Ross. En ese escenario, el biodiésel deberá pagar un arancel de hasta el 64% para entrar, en el caso de las denuncias por subsidios, y de hasta un 70% por dumping. En ambos escenarios, la producción nacional quedaría fuera de competencia.
El martes, en el marco de su gira en busca de inversiones, el presidente Macri aseveró en diálogo con la agencia Reuters que, de no haber un resultado satisfactorio, la Argentina apelará en Ginebra los altos aranceles impuestos al biocombustible argentino a partir de una demanda del National Biodiesel Board (NBB), en dos causas que avanzan en paralelo: por un lado, los supuestos subsidios a las exportaciones, y por otro, la presunta comisión de dumping.
Pese a ello, las declaraciones de Macri buscaron dar una señal política antes que blanquear el camino a seguir. Previo a acudir a la OMC, el Gobierno esperará la auditoría de la Comisión de Comercio Internacional del gobierno estadounidense (Usitc), que debe confirmar si el ingreso del biodiésel argentino a ese mercado provocó un daño cierto a la industria norteamericana. Ese proceso proseguirá hoy con una audiencia convocada a las 9.40 de Washington, y, en los cálculos del Gobierno, las discusiones se extenderán hasta diciembre.
«Argentina presentará sus argumentos y, si no son atendidos, queda el camino de la OMC», contó un funcionario involucrado en el proceso. La Argentina cuenta con el respaldo de un fallo favorable por un caso similar, impulsado por productores de la Unión Europea en 2013. Luego de cuatro años, el viejo continente abrió nuevamente sus puertas en septiembre. Un tiempo similar podría pasar hasta hallar una resolución definitiva desde Ginebra.
Sin embargo, la disputa llega a pocas semanas de la undécima conferencia ministerial de la OMC, por celebrarse en Buenos Aires y con el Gobierno como anfitrión. Estados Unidos pedirá allí conformar una mesa de trabajo para reformar los órganos de litigio, lo cual podría llevar a futuro a un sustancial cambio de los tribunales llamados a resolver la controversia.
La semana pasada, funcionarios de la Cancillería, Producción y Agroindustria estuvieron en Washington negociando con el equipo de Ross, en busca de suspender o rebajar las trabas. Las negociaciones resultaron infructuosas, al punto que uno de los negociadores reconoció a El Cronista haber sugerido al Gobierno una señal de fuerza.
Con todo, se trata de una disputa entre privados (aceiteros argentinos versus productores norteamericanos) que ambos gobiernos, sin embajadores nombrados, han tratado de resolver. Pero los productores norteamericanos permanecen inflexibles: en una reciente declaración, aseveraron que «no hay nada para observar o negociar» si la Argentina no muestra «un real progreso para terminar con los dañinos impuestos diferencias de exportación y eliminar la práctica de dumping».
Desde Nueva York, el canciller Jorge Faurie admitió que en la relación comercial con la gestión de Donald Trump hay «temas pendientes por resolver». Uno de ellos tiene que ver con la exportación de carne bovina argentina a ese mercado, por lo que se está en «un proceso negociador» que va a continuar en las próximas semanas.
