Con la presencia saliente de la comisaria de Comercio de la Unión Europea (UE), Cecilia Malström, el Mercosur y el eurobloque regresaron a las negociaciones ayer en Buenos Aires, en una breve reunión que no arrojó avances técnicos, mientras las dos partes buscan dar a conocer un «acuerdo político» este miércoles.
Fuentes gubernamentales señalaron a BAE Negocios que los cancilleres del Mercosur y una comitiva europea encabezada por Malstrom dialogaron por espacio de dos horas, en el Palacio San Martín, repasando los ejes centrales de análisis.
Plazos. El acuerdo contempla «canastas de desgravación» que definen en cuánto tiempo se bajan los aranceles a cero. El plazo máximo es del 15%. Hoy el 50% de las canastas de bienes tarda 15 años, según la propuesta del Mercosur. La Unión Europea pretende que aumente la proporción de los productos que bajan aranceles en diez años. «No hay riesgo inminente para ningún sector», sostienen en el oficialismo.
Propiedad intelectual. Uno de los puntos en discusión se basa en las patentes y la «protección de datos». La UE aspira a cinco años de protección pero el Mercosur se opone porque «generaría un monopolio durante ese plazo» si un laboratorio europeo desembarcara con una nueva fórmula, por ejemplo.
Agroquímicos. La negociación es similar. Las empresas del sector piden exclusividad de patentes, algo que el Mercosur productor de alimentos se niega a otorgar.
Denominación de origen. Hay productos que llevan su nombre por la región en la que se producen: el Roquefort es sólo el queso francés, mientras que el resto del mundo adoptó la denominación de «queso azul». La UE reclama 350 denominaciones exclusivas y se le darían unas 250. Las cien restantes siguen en un conflicto marcario, porque los nombres ya se utilizan en la Argentina por otros motivos. Por ejemplo, el vino de «La Rioja» en Argentina y «Rioja» en España, dos regiones productoras del mismo nombre y distintas características.
Compras públicas. El acuerdo Mercosur-UE contempla el trato nacional para las empresas de las dos regiones, lo que quiere decir que pueden participar de las compras estatales. El acuerdo no puede fijar normas provinciales o municipales, porque el Gobierno no tiene potestad para negociar por esos distritos. Las grandes constructoras y energéticas europeas pueden dejar fuera de carrera a las locales en una licitación. La ley de compre nacional les da una preferencia del 15% a las pyme.
Triangulación. Uno de los riesgos que marcan los industriales es que entren bienes asiáticos a través del acuerdo con la UE después de un agregado mínimo de valor europeo. «Los textiles piden que se ponga una regla que se conoce como yarn forward, que es del hilo en adelante. Pero la producción europea ya se basa en proveedores asiáticos. No podemos exigir eso», explicó un funcionario, que agregó que se analizarán los casos sectoriales en la letra chica.
Fuente: BAE Negocios
