En medio de la escalada de tensión con los empresarios industriales, y tras la reunión del lunes en Casa Rosada, el Gobierno volvió a mostrar señales de distensión hacia el sector al defender el acuerdo de asociación estratégica que el Mercosur busca sellar en forma inminente con la Unión Europea (UE), y que desde su génesis suscitó preocupación entre los empresarios fabriles.
En el informe que el jefe de gabinete, Marcos Peña, envió al Congreso, la Casa Rosada destaca que el tratado en discusión prevé una «eliminación gradual de aranceles con canastas de entre 10 y 15 años», y «mecanismos de salvaguardias preferenciales para proteger sectores específicos ante incremento de importaciones que puedan generar un daño grave a un sector», como el que podría haber ocasionado la entrada de puré de tomate, repudiada por Arcor.
El dossier de 1976 páginas del ministro coordinador contiene definiciones en defensa de las importaciones. Como repiten los funcionarios, «gran parte corresponden a bienes de capital», que van a parar al «acervo productivo del país» y «contribuyen al crecimiento de largo plazo».
El Ejecutivo también se esmeró en sostener que el acuerdo prevé beneficios apuntados específicamente sobre las pymes, que podrían «aumentar su participación en el comercio y utilizar beneficios del acuerdo», como la asociación con un bloque «clave para adaptación a los cambios por el avance de la robótica y la economía digital».
Las respuestas específicas sobre el acuerdo MercosurUE destacan que el viejo continente ofreció «más del 90% del comercio birregional» con aranceles de importación que se verán reducidos a cero en un período máximo de diez años. Aunque las exportaciones agroindustriales entrarán en un esquema especial, con desgravaciones parciales, del mismo modo que el Mercosur planteó para solo permitir el ingreso progresivo de bienes industriales europeos con el paso de los años.
El Gobierno se esmeró también en explicar que existirá una «cláusula de salvaguarda», que permitirá en circunstancias excepcionales y por un plazo determinado la «suspensión o reducción de la preferencia otorgada a un producto». Dicha medida solo podrá aplicarse luego de una investigación de la parte importadora, y que funcionará solo los primeros años.
El balance de la gestión comentado por Peña también advierte que la contraparte negociadora del acuerdo, la Comisión Europea, recibió «presiones políticas» de parte de «varios gobiernos, entre ellos el francés», para «moderar el nivel de ambición de la oferta», y que entretanto el Mercosur reclama que ciertos productos de especial interés (carnes, azúcar, bioetanol) obtengan más cupo.
El informe revela que la ronda celebrada en Asunción del 20 de febrero al 2 de marzo no tuvo avances debido a que la UE consideró que «el aumento de la oferta para carne bovina, ave y azúcar anunciado por Bruselas debe ser compensado por un movimiento equivalente del Mercosur», que por su parte señaló que «las nuevas cuotas igualan la mejora de la oferta que ya se efectuó en diciembre y, por lo tanto, los movimientos de aquí en más deben ser recíprocos». Para salir del impasse, el canciller Jorge Faurie y sus pares se verán mañana en suelo guaraní para fijar un plan y evaluar nuevas fechas para la próxima ronda.
Fuente: El Cronista
